En primer lugar, debemos irnos
olvidando de términos limitativos como “clase trabajadora” y mal llamados
derechos sociales como indemnizaciones por despido. Nos quejamos de
las indemnizaciones que han cobrado los ex-directivos de cajas
bancarizadas y, sin embargo, seguimos defendiendo privilegios para
empleados, es cierto que los importes son bien diferentes pero igual
o mayor daño puede hacer una indemnización de 30.000 euros a una
empresa de 3 trabajadores como 3 millones a una entidad que factura
miles de millones anuales. Yo creo que se debería de crear de una
vez el fondo de capitalización para los despidos que podría también
pagar las prestaciones por desempleo, o al menos una parte de las
mismas. No es lógico que alguien que ha cotizado 20 ó 30 años sin
haber estado nunca en desempleo tenga solamente 2 años de
prestación, igual que quien cada 6 años se pasa 2 en la empresa más
grande del país. No digo que la gente provoque su despido, y menos
en la actualidad, pero sí critico que en la regulación del
desempleo se incentive mucho el abuso.
Con todo, creo más que justificada una
huelga, el problema es que cada cual la hace por un motivo diferente,
incluso muchos no la hacen por causa de quien la convoca, porque
creen que es una copia de la anterior. Pienso que no se ha difundido
adecuadamente el mensaje que se pretendía transmitir, de lo
contrario muchos pequeños comerciantes deberían de seguirla porque
son uno de los colectivos con mayor incidencia de las políticas del
gobierno.
Prefiero defender que se trata de una
mala difusión que pensar en una aceptación de las políticas
injustas y, en muchos casos, aberrantes que se están siguiendo. Las
reformas que se llevan a cabo no van a sacarnos del pozo ni hoy, ni
en 2014 ni en 2099. Un gobierno que se contradice a sí mismo
continuamente no tiene más salida que la puerta de la calle.
Este país necesita un rumbo decidido
hacia la creación de empleo que en mi modesta opinión se hace
reduciendo trámites administrativos, por el momento solamente el
Real Decreto de liberalización de la apertura de comercios ha sido
un pequeño guiño al respecto. No se ha suprimido ningún trámite,
simplemente se ha despenalizado la apertura, lo cual no es poco. Pero
hay muchas administraciones inútiles que bloquean el funcionamiento
de las empresas. España es un país en el que cuando un emprendedor
tiene una idea y acude a una ventanilla gubernamental en lugar de
ayudarle a implantarla le buscan problemas legales para la apertura.
Es inaudito que algo tan positivo como crear empleo esté penado por
la Ley.
Urge ya una regulación clara y simple
que proporcione seguridad jurídica a los emprendedores y no un
sinfín de normas, en muchas ocasiones contradictorias y en unas
cuantas de imposible cumplimiento. No es descabellado decir que en
España para emprender es casi obligado saltarse unas cuantas leyes.
Por lo tanto ser emprendedor es igual a ser kamikaze.
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