El Gobierno de España ha acordado, sin nocturnidad pero con alevosía, suspender la aplicación de la revisión de las pensiones según el IPC, prevista en la Ley General de la Seguridad Social. Ciertamente las leyes se pueden cambiar pero lo normal en un Estado de Derecho es que estas modificaciones no tengan carácter retroactivo, como es el caso del Real Decreto-Ley 28/2012. Digo que tiene carácter retroactivo por cuanto suspende una revalorización ya aprobada, concretamente por el Real Decreto-Ley 20/2011 y ratificada por la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto es más grave que la no subida de las pensiones.
Digo que es más grave porque atenta contra el principio fundamental de un Estado de Derecho que, para mi modesto entender, es la Seguridad Jurídica. Un Estado de Derecho sin Seguridad Jurídica es una república (o monarquía) bananera. Si el Gobierno hubiera decidido no incrementar las pensiones como lo hizo el anterior en 2011 sería una decisión injusta, como tantas otras, pero al menos no atentaría contra este principio básico y sería, más decente. Por otra parte no debemos obviar que en 2011 algunas pensiones sí se han incrementado, las mínimas. En este caso, fuera de la justo o injusto de la medida, se procede a la suspensión de lo ya aprobado, lo cual es más grave.
Una vez dejado patente la gravedad de la medida vamos a ver su trascendencia. En 2011 el Gobierno de ese presidente que ha causado la crisis más grave de la historia de la humanidad y que será recordado en todo el universo por haber provocado la quiebra y posterior rescate de innumerables bancos, cajas y demás aves de rapiña, ese gobierno decide no incrementar las pensiones, salvo las mínimas que sí las sube y les garantiza el poder adquisitivo.
Para ser justo hay que decir que el último Presidente del Gobierno en incrementar las pensiones por encima del IPC ha sido Felipe González, desde el año 1996 las pensiones (salvo las mínimas) solamente se han ido incrementando el IPC previsto y luego se ha ido abonando en enero una "paga" por la desviación. El único año en que el IPC real ha finalizado en una cifra inferior a la prevista ha sido 2009 (0,3% real por 1% previsto), es decir, en ese año los pensionistas han ganado un 0,7% de poder adquisitivo. En 2011 el Gobierno ha decidido congelar las pensiones, el IPC de ese año ha sido del 2,9%, por lo tanto, decontando lo ganado dos años antes la pérdida se queda en un 2,2%. Decir que considero el IPC noviembre-noviembre por ser el que se utiliza para la revisión de las pensiones.
La medida tomada por este gobierno, con un IPC Adelantado del 2,9% (falta por conocer el real) hace perder de forma directa un 1,9% de poder adquisitivo, a todos los pensionistas (antes solamente lo ha sido con los de las pensiones superiores a las mínimas)
Por otra parte esto también se va a prorrogar (de momento) para 2013 con lo cual, si el IPC fuese el mismo que este año los que cobran una pensión superior a 1.000 euros perderán un 1,9% adicional y los demás un 0,9%, en total 3,8% y 2,8% respectivamente. Recordemos que la pérdida en 2011 ha sido del 2,9% y del 0%. Que cada uno saque sus conclusiones.
Para concluir mencionaré una circunstancia curiosa:
Las pensiones se van a incrementar en 2013 con el IPC previsto por el Gobierno (1%), las que no superen los 1.000 euros lo harán un 1% adicional, es decir, un 2%. Se dará la paradoja de que una persona cuya cuantía mensual en 2012 sea de 1.001 euros pasará a cobrar 1.011,01 mientras que una persona que cobrara 1.000 pasará a percibir 1.020,00.
Esto también es interpretable porque bien se pudiera entender que el incremento adicional se produce sobre la pensión ya revalorizada con lo cual el 2% solamente se aplicará a las pensiones inferiores a 990,11.
En este caso resulta que quien cobre 990,10 pasará a cobrar 1.010 mientras que quien cobre 990,11 pasará a 1.000,01
Me imagino que esta deficiencia del Real Decreto-Ley será corregida en con la aprobación definitva del incremento pero, desde luego resulta paradógico, claro que no es nada extraño vista la lista de despropósitos legislativos que se están produciendo.
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